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EFE
SANTIAGO. Los afectados por la marea negra del fuel del petrolero «Prestige» reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, según el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz. En una entrevista, indicó que aproximadamente mas demil millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, autonomías y del Estado español; y más de doscientos millones de euros de peticiones cursadas en Francia, aunque precisó que la suma total aún no está contabilizada.
La investigación del hundimiento del buque se encuentra en la «fase final de la instrucción», dijo el fiscal, y señaló que está esperando los informes de los peritos. Un ingeniero naval debe someter sus conclusiones sobre el «estado del barco», un petrolero monocasco que partió del puerto ruso de San Petersburgo, en el mar Báltico, y cruzó el Canal de la Mancha antes de rodear la costa gallega, y documentar «cuándo y en cantidad se produjo el primer vertido» de fuel, comentó el fiscal, especializado en temas de medio ambiente.
Añadió que ese experto debe además facilitar en su informe datos precisos sobre la «arquitectura» de la nave, y «si el barco colapsó, algo sobre lo que hay discusión, y si vertió mucho o poco fuel» en el momento del hundimiento y previamente.
Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar en términos de navegación «qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco» de la costa gallega y «qué riesgos podrían haber tenido otras» opciones, aseguró. Por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, algo «extraordinariamente muy complejo», comentó el fiscal, y subrayó que «quizás los peritos tengan poco tiempo» para concluir su informe, por lo que indicó haber pedido «flexibilidad» con el fin de «alargar el plazo».
La instructora del sumario, Carme Veira Suárez, ha pedido que esos informes periciales le sean remitidos antes del 15 de octubre, a lo que la Fiscalía ha respondido pidiendo una ampliación del plazo.
García Ortiz subrayó que la demora del proceso sobre el accidente ocurrido hace casi seis años obedece a un «problema estructural» de la justicia, y observó que los funcionarios del Juzgado de Corcubión hicieron «gran esfuerzo», aunque esa jurisdicción «no estaba preparada» para afrontar una instrucción que alcanza los 100.000 folios de la parte civil y 50.000 de la penal, además de la documentación adicional.
FUENTE: ABC.ES
